lunes, 23 de febrero de 2015

La pantomima del juez Castro


Una de las cosas positivas que trae consigo el paso del tiempo, además del regalo que en sí mismo es poder ver pasar el tiempo, es la percepción, más o menos serena, y más o menos objetiva de uno mismo. Con los años, comienzas a distinguir lo que eres de lo que creías ser y empiezas a reconocer, al menos ante la almohada, cual es la línea que define y marca donde empiezas y donde acabas.

El tiempo se lleva el brillo de la mirada, la luz de la piel y el color de las sienes, pero a cambio nos deja serenidad y aplomo. No sé si salimos muy bien parados de este inevitable trueque, pero gracias a él conseguimos pactar con nosotros mismos los términos en los que queremos ir viviendo el resto de nuestros días. Es la calma la que nos permite reconocer nuestras miserias y debilidades; ambas, semillas de las actuaciones más reprobables. Y sólo en calma podemos acordar las leyes que regirán en adelante.

Sólo con el paso de los años y las cicatrices de las heridas auto infligidas, entendemos que debemos ponernos límites, normas a nosotros mismos, normas de auto convivencia. Y sólo, las que nacen de nuestro pleno convencimiento son cumplidas y respetadas.

Como en el ámbito individual, en lo colectivo, las leyes no deberían ser otra cosa que nuestras reglas del juego, las que nosotros, los ciudadanos, decidiéramos  en un ejercicio maduro y sereno. Las leyes, deberían ser las bandas que delimitan el campo donde queremos jugar, pero dichas bandas, para que gocen de sentido, de legitimidad, deberían ser pintadas por los jugadores. Las leyes son nuestros límites como sociedad, son el reconocimiento expreso de nuestras miserias; son la asunción de las atrocidades que somos capaces de cometer cuando nos invade la ira, la euforia o la desesperanza.  

Probablemente por eso, porque las leyes deberían manar de nuestra esencia colectiva, porque deberían reflejar lo que somos; no hemos entendido que la Ley no lo contemple que el Juez Castro pueda concluir el caso Palma Arena.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha dictado que el Juez Castro no puede posponer su jubilación –como tantos miles de españoles- y cerrar así uno de los casos de corrupción que más importan a los españoles. Argumentan que la Ley no contempla tal posibilidad.

Será verdad, será cierto que la Ley no contempla tal posibilidad y que el TSJIB dicta su sentencia única y exclusivamente amparándose en la legalidad; el problema es que nadie se lo cree. Lo dramático, es que al leer la noticia, lo que la inmensa mayoría del pueblo español siente –y lo siente en las vísceras- es que esto es otra argucia para evitar que se imparta justicia; que durante todos estos meses hemos sido víctimas de una pantomima en la que nos han dejado creer que el sistema todavía funciona pero que al final, cuando toca resolver la trama, la complican y enredan de un modo en el que nadie sabe si se encienden las luces porque se ha acabado la función o si se trata de un receso para acudir al escusado. Nos hemos sentido, una vez más, humillados.

Si el caso no fuera el que es y si los imputados no fueran quienes son, quizá nos creeríamos que el TSJIB actúa como actúa en un ejercicio de aplicación taxativa de la ley. Pero lo cierto es que el caso es el que es y los imputados son los que son. Por tanto, si el poder judicial ha actuado correctamente, si al amparo de la Ley no puede concluir sino como ha concluido, deberá entrar en escena el poder legislativo. Porque lo que se ha puesto de manifiesto, una vez más, es que los ciudadanos no nos sentimos amparados en el actual sistema judicial. Desconfiamos de algunos jueces, desconfiamos de la independencia del sistema judicial en su conjunto, desconfiamos incluso de los agonizantes tiempos de resolución de una causa -consecuencia directa de la falta de dotación presupuestaria a los juzgados-, y ahora además, recelamos de las propias leyes.

Las leyes pueden y deben ser cambiadas porque es peligroso, muy peligroso, que la inmensa mayoría de los ciudadanos sienta rabia, frustración o humillación al escuchar una sentencia judicial. Las leyes ni son ni deberían ser un cubo estático e inamovible; las leyes deberían dibujarse y desdibujarse para mostrar en todo momento nuestro principio y nuestro fin como sociedad.
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4 comentarios:

  1. Menos mal que se trata tan solo de un juez que obligan a jubilarse, dejando su trabajo a medias. Peor sería que hicieran lo mismo con un cirujano cardiovascular en medio de una operación, o con un controlador aéreo vigilando el despegue y aterrizaje simultáneo de varios aviones.
    Si un ciudadano de a pie no está conforme con el transcurso de sus demandas en cualquier juzgado, cambia de abogado. El poder prefiere cambiar de juez. Ya veremos qué pasa con Ruz y la instrucción del caso Gurtel el mes que viene, pero me lo voy maliciando.

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    1. Efectivamente, menos mal que sólo es un juez, menos mal que sólo es la justicia lo que está en juego... ;-)
      Creo que ni en nuestras peores pesadillas (políticas) podíamos imaginar a España convertida en esto... ¿Qué ha pasado todos estos años? ¿En manos de quien hemos dejado nuestro país? Porque creo que parte del problema es ese, que todos estos años, mientras las cosas iban bien, delegamos y dejamos hacer en exceso....

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  2. En principio el hecho de que a una persona, un juez en este caso, le llegue su edad de jubilación no debería suponer ningún problema para los asuntos que esté tramitando. Simplemente se hace cargo de ellos otro profesional que le sustituya y listo (más allá de algún ligero retraso mientras se pone al día de las actuaciones, que se reduciría notablemente si hubiera actuado como "juez de apoyo en el caso" con anterioridad a hacerse cargo del mismo).

    Pero la cuestión está precisamente ahí. Que pese a lo que sería lógico y deseable, no todos los jueces son iguales. Ni todos los abogados. Ni todos los carteros. Ni todos los políticos (bueno, de eso ya no estoy tan seguro).
    Quiero decir que resulta meridianamente claro el hecho de que la cuestión de quién juzga (o quién instruye) incide decisivamente en el desarrollo de un procedimiento. Y el peligro está precisamente ahí: en que la sustitución sea "dirigida" en base a intereses "subjetivos".

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    1. Completamente de acuerdo Paco, como tu dices, eso sería lo lógico y lo deseable, que todos confiáramos en nuestro sistema judicial (y además fuera lo suficientemente dinámico) como para que una sustitución no supusiese ningún tipo de inconveniente.
      El problema es que las cosas están como están y el ánimo de los ciudadanos al límite de la paciencia; por tanto, a veces hay que "tratar distinto lo que es distinto". Hubiera sido un gesto que todos hubiéramos agradecido y aplaudido...
      Un abrazo Paco!

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